La iniciativa llamada tres de tres (3 de 3), se originó con la finalidad de que la sociedad se permeara en la búsqueda de un gobierno honesto, integro, pero sobre todo en la incansable lucha por la reducción de la corrupción eternamente imperante en nuestro sistema político, pues pretende establecer o de menos propone reglas claras respecto de la conducta de los servidores públicos así como de los particulares.
Lo interesante de la propuesta, entre muchas otras cuestiones, radica en que sería de aplicación General, lo cual implica que abarcaría a los tres órdenes de gobierno, a saber, el federal, el estatal o local y el municipal.
Para la consecución y trámite de dicha iniciativa, se requería un total de por lo menos 120,000 firmas, lo cual se logró el pasado 13 de marzo, y con fecha 17 del mismo mes y año fue llevada ante el Senado de la República por lo que la misma estaría en aptitud de ser llevada ante el Congreso de la Unión para su estudio y en todo caso aprobación, tras pasar por la etapas requeridas para ello, según lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en su parte relativa a la regulación del proceso legislativo.
La popularmente denominada Ley 3 de 3, sería una de las dos nuevas leyes que deben crearse, como consecuencia de la reciente Reforma Constitucional en Materia Anticorrupción: Sistema Nacional Anticorrupción, y plantea como ejes principales de acción, los que a continuación se señalan:
- La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
- Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
- Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
- Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
- Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
- Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
- Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.
- Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
- Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
La sociedad civil, a través de diversos expertos y organizaciones, mediante la iniciativa denominada “tres por tres” ha venido impulsando la idea de que todo aquel candidato a un puesto de elección popular se comprometa a presentar ante el pueblo, ante los votantes, su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de impuestos, de ahí su nombre de “tres por tres”.
La referida iniciativa pretende consolidar dicha práctica, la cual hasta hace poco era prácticamente inexistente, con la finalidad de que se generalice como una buena práctica en los comicios, con miras al 2018, el objetivo no es otro sino el desarrollo de elementos para una nueva cultura política, fundada con base en una mayor apertura frente al ciudadano por parte de quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular.
Tres por Tres pretende que para el año de renovación de la presidencia de México, así como de la totalidad del Congreso, el mayor número de candidatos ponga en manos de la opinión pública la información sobre su patrimonio, su compromiso fiscal y las áreas de un posible conflicto de intereses. Lo anterior con la finalidad de que México sea contemplado como una democracia funcional y efectiva, en la que esa información sobre el candidato sea fundamental. ¿Quién es el candidato? ¿Qué bienes, derechos y elementos conforman su patrimonio? ¿Ha sido responsable con sus obligaciones fiscales? ¿Enfrenta algún conflicto de interés?
El país está necesitado de normas, procedimientos y elementos que le permitan hacer frente a la corrupción, al conflicto de intereses y a la opacidad en la clase política. Una nueva práctica sobre todo en materia política, requiere de cambios no sólo normativos e institucionales, sino además de una opinión pública exigente que en la práctica obligue que se cumplan dichas prácticas.
Aunque en nuestro país de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es obligación de todo funcionario presentar una declaración patrimonial, los candidatos a puestos de elección popular no tienen que hacerlo, en ese sentido es que la iniciativa propuesta por la sociedad civil busca que la figura de declaración patrimonial con carácter público pase a formar parte del proceso electoral.
Según la propia página web de Transparencia Mexicana[2]– una de las principales promotoras de la iniciativa- analistas como Luis de la Calle, han señalado como mandatorio para restaurar la confianza en la clase política que la declaración fiscal se haga pública. Específicamente, De la Calle señala que los funcionarios podrían hacer pública sus declaraciones de los 5 años anteriores al momento en que tomarán posesión de un cargo, lo anterior, tomando en cuenta que los funcionarios son responsables del manejo presupuestario o si el Congreso es responsable de la asignación presupuestal, aquellos funcionarios involucrados en dichos procesos deben probar que han contribuido a generar los recursos públicos que habrán de administrar o sobre los que tiene influencia directa en sus decisiones. La declaración de impuestos es un fácil camino para comprobarlo.
En aras de consolidar políticas que impliquen un buen gobierno, es que se ha puesto en marcha dicha iniciativa, sin embargo es importante no perder de vista que los logros aún dependen de la voluntad de los candidatos o funcionarios, ya que el hecho de que dicha “iniciativa” quede plasmada en una norma, está todavía en marcha.
Continuará…
Aldonza Lorenzo.
En Opinión de Dulcinea 